Actividades vulnerables y ley antilavado 2026

Conoce las actividades vulnerables, sus umbrales en 2026, avisos, expedientes, beneficiario controlador, límites de efectivo y sanciones para cumplir la ley antilavado en México.

Una empresa puede vender inmuebles, otorgar financiamientos, recibir donativos o administrar recursos de terceros de manera completamente lícita y, por esas operaciones, quedar sujeta a obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD). Para determinarlo hay que identificar el acto que realmente realiza, el monto, la periodicidad, las partes involucradas y las reglas de su sector.

Esta guía explica el catálogo del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como LFPIORPI o ley antilavado; desarrolla las obligaciones de identificación, avisos, expedientes, beneficiario controlador, inscripción y representante, y muestra cómo aplicar las restricciones de efectivo y las sanciones. Las cantidades corresponden a pesos mexicanos.

El catálogo comprende 17 grupos, porque a las fracciones I a XVI se agregó la V Bis; además, el artículo 18, fracción IV, establece como regla general una conservación de diez años. También hay reformas publicadas en 2026 con fechas de aplicación posteriores, que se distinguen expresamente en este artículo. [1, arts. 17 y 18; 4, transitorios].

1 Qué son las actividades vulnerables

Son actos, operaciones o servicios que la ley somete a medidas de prevención por su exposición al uso de recursos de procedencia ilícita. Su inclusión en el catálogo impone deberes de conocimiento del cliente, trazabilidad y comunicación a las autoridades; la realización de la actividad o la presentación de un aviso, por sí mismas, no acreditan un delito. [1, arts. 2, 3 y 17; 3, art. 32].

La LFPIORPI distingue las actividades de las entidades financieras, sujetas a su regulación sectorial en los artículos 14 a 16, de las actividades del artículo 17, que se desarrollan en este artículo. Una SOFOM u otra entidad incluida en la definición legal de entidad financiera requiere revisar su régimen propio; la ausencia de una licencia bancaria no basta para ubicarla en la fracción IV. [1, arts. 3, fr. VI, y 14 a 17]. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tienen funciones diferentes dentro de este esquema.

El cumplimiento fiscal y el cumplimiento antilavado tienen finalidades distintas. Tener CFDI, declarar ingresos, pagar ISR o IVA y contar con estados de cuenta no sustituye las obligaciones de la LFPIORPI. Esos documentos sí pueden servir para reconstruir la operación y conciliarla con el expediente y los avisos. [1, arts. 18, 19 y 24].

2 Vigencia de las reformas y calendario de aplicación

La reforma legal publicada el 16 de julio de 2025 entró en vigor, en general, el 17 de julio de 2025. El Reglamento se reformó el 27 de marzo de 2026 y entró en vigor al día siguiente. El Acuerdo 115/2026, publicado el 7 de agosto de 2026, tiene vigencia general a partir del 30 de noviembre de 2026 y contiene etapas posteriores. Cada obligación debe aplicarse a partir de la fecha que establezcan sus disposiciones transitorias. [1, transitorios de 2025; 2, transitorios de 2026; 4].

Las etapas futuras no suspenden las obligaciones que ya existen. Durante la transición continúan la identificación, el expediente, el control de acumulación, los avisos e informes procedentes y el documento de políticas exigido por las reglas anteriores. El régimen ampliado de riesgos y auditoría se implementa conforme a su calendario. Las resoluciones de formatos del 24 de septiembre de 2026 deben revisarse junto con las RCG; no basta usar un resumen de la reforma de 2025. [2, transitorios tercero a sexto; 3, arts. 11, 19, 25 y 37; 4, transitorios; 8; 9].

Para llevar este calendario a la operación del negocio, la guía sobre las nuevas reglas de la Ley Antilavado desarrolla los componentes del manual, la evaluación de riesgos y la organización de los controles.

3 Cómo identificar si estoy obligado

1. Describa lo que realmente hace. Distinga vender bienes propios, intermediar, recibir recursos para un desarrollo, prestar dinero, preparar actos corporativos o ejecutar pagos por cuenta de un cliente.
2. Ubique la fracción y la submodalidad exactas del artículo 17. Revise si exige habitualidad, profesionalidad, autorización, determinada mercancía, un tipo de cliente o una forma de intervención.
3. Determine quién realiza el acto. Puede ser persona física, persona moral o alguien que actúa por medio de fideicomiso u otra figura. La calidad de pequeño contribuyente o el régimen de ISR no conceden una exclusión general.
4. Calcule el valor con la regla correcta. Identificación y aviso se comparan con el importe sin contribuciones ni accesorios; comercio exterior utiliza el valor en aduana. El monto que se informa y el límite de efectivo tienen reglas distintas.
5. Revise la operación individual y las operaciones acumulables del mismo cliente. Registre la periodicidad especial de tarjetas, arrendamiento y las transacciones vinculadas de juegos.
6. Compruebe si existe una excepción expresa y documente sus requisitos. Después determine alta, expediente, aviso o informe, conservación y restricciones de pago.

La actividad declarada ante el RFC, el objeto social y el nombre comercial ayudan al diagnóstico, pero deben contrastarse con contratos y operaciones efectivas. Una empresa puede quedar comprendida en varias fracciones. Tampoco se debe esperar a superar el umbral de aviso para integrar expedientes cuando ya se alcanzó el de identificación. [1, arts. 17, 18 y 20; 2, arts. 6, 7 y 12].

4 Umbrales de identificación y aviso en 2026

La UMA diaria vigente desde el 1 de febrero de 2026 es $117.31. Los importes siguientes se obtienen multiplicando las UMA de la ley por ese valor diario. Para operaciones de enero de 2026 debe utilizarse la UMA entonces vigente, de $113.14. Una cantidad expresada como valor mensual de una operación se compara con múltiplos de la UMA diaria; no se multiplica por la UMA mensual. [5; 6].

En las tablas, ≥ significa igual o superior y > significa estrictamente superior. “Siempre” significa sin mínimo monetario, una vez que se configura el supuesto legal. Los montos de identificación y aviso se muestran sin contribuciones y accesorios. [1, art. 17; 2, art. 6].

La fracción XV emplea “superior” para identificación; por ello, una mensualidad exactamente de $188,282.55 no se trata como si excediera ese umbral. En la fracción XVI los dos detonantes son alternativos: el monto de la operación y la contraprestación del servicio. Si se actualizan ambos, el Reglamento indica presentar solamente el aviso correspondiente al inciso a). [1, art. 17, frs. XV y XVI; 2, art. 31 Bis].

Desglose de fe pública

Para inmuebles ante notario se compara el mayor entre precio pactado, valor catastral, valor comercial y, en su caso, principal garantizado. El umbral de 8,000 UMA del notario es diferente del de 8,025 UMA del desarrollador o intermediario. Los actos societarios de A c se avisan siempre; no debe conservarse el antiguo criterio de aplicarles un mínimo de 8,025 UMA. Las excepciones de garantías y fideicomisos a favor de instituciones financieras u organismos públicos de vivienda deben revisarse en el inciso correspondiente. [1, art. 17, fr. XII].

Desglose de comercio exterior

La clasificación debe contrastarse con las fracciones arancelarias del formato oficial. En joyas y arte se utiliza el valor individual previsto por la ley. Los avisos ordinarios del despacho aduanero cuentan con un medio alternativo mediante la información del pedimento; no deben duplicarse sin revisar el artículo 16 del Reglamento y la obligación de informes que corresponda. [1, art. 17, fr. XIV; 2, arts. 6, 16 y 30].

5 Obligaciones y controles particulares por actividad

Todos los sujetos comprendidos deben observar las obligaciones comunes desarrolladas en los apartados siguientes. Esta sección identifica el hecho que debe documentarse en cada actividad, la persona a quien se identifica y el control que permite aplicar correctamente sus umbrales. Las fracciones se refieren al artículo 17 de la LFPIORPI. [1; 2; 3].

Fracción I Juegos con apuesta concursos y sorteos

Quien realiza las modalidades legales, incluidos organizadores, operadores e intermediarios que venden boletos o fichas, debe identificar a la persona participante. El supuesto se vincula con los organismos descentralizados o permisos y autorizaciones previstos por la ley. El registro enlaza compras, canjes y pagos vinculados. Desde la reforma reglamentaria de 2026, dos o más transacciones de un mismo cliente en el establecimiento o plataforma dentro de 24 horas, contadas desde la primera, se consideran conforme al artículo 21 Bis para evaluar el monto. También se revisa la acumulación aplicable y se conservan los datos del permiso y del premio. [1, art. 17, fr. I; 2, art. 21 Bis; 7].

Fracción II Tarjetas e instrumentos de almacenamiento de valor

La obligación recae en quien emite o comercializa habitualmente o profesionalmente los instrumentos fuera del régimen de entidades financieras. Un restaurante que solamente acepta tarjetas como forma de pago no se convierte por ello en emisor de tarjetas. Deben distinguirse el gasto mensual acumulado de tarjetas de crédito o servicios y las comercializaciones o abonos de prepagadas y otros instrumentos. Se conserva la relación entre titular, cuenta, recargas y uso; las RCG también prevén información sobre destino o uso a requerimiento. [2, arts. 22 y 23; 3, art. 20].

Fracción III Cheques de viajero

El emisor o comercializador habitual o profesional identifica al cliente sin mínimo monetario, controla el valor de los instrumentos y presenta aviso al alcanzar el umbral o acumulación. Debe poder reconstruir emisión, comercialización y destino o uso conforme a las reglas aplicables. Que el instrumento sea poco frecuente en el mercado no elimina el supuesto legal. [1, art. 17, fr. III; 3, art. 20].

Fracción IV Mutuo garantías préstamos y créditos

Quien ofrece estas operaciones habitualmente o profesionalmente fuera del régimen financiero identifica al cliente, acredita la entrega o puesta a disposición de los recursos y conserva contrato, condiciones, garantías y movimientos. Un préstamo aislado de un socio requiere analizar habitualidad y profesionalidad; tampoco debe presumirse que todo financiamiento entre empresas está exento. La fecha relevante para el préstamo es la puesta a disposición de los recursos. Las excepciones de aviso para determinados préstamos intragrupo o a trabajadores exigen todos los requisitos del artículo 27 Bis de las RCG. [2, art. 24; 3, art. 27 Bis].

Fracción V Actividades inmobiliarias con compraventa

Se documentan la construcción, desarrollo o intermediación habitual o profesional y su relación con la compra o venta del inmueble. Deben vincularse cliente, inmueble, contrato, precio, pagos y participantes. El aviso del notario no cubre automáticamente el del desarrollador o intermediario, porque cada sujeto tiene su propio supuesto. Un trabajo de mantenimiento o albañilería debe evaluarse por los hechos; la sola relación con una obra no permite afirmar que cualquier prestador esté en esta fracción. [1, art. 17, fr. V].

Fracción V Bis Recepción de recursos para desarrollo inmobiliario

Comprende recursos recibidos para construir inmuebles o fraccionar lotes destinados a venta o renta. El expediente debe identificar a quien aporta los recursos y enlazar su entrega con el desarrollo específico. Las aportaciones de capital y los financiamientos deben analizarse por su destino real; su nombre contable no basta para excluirlos. La recepción puede generar obligaciones antes de la venta de las unidades. Una desarrolladora puede realizar simultáneamente actos de V y V Bis. Durante la transición reglamentaria se utiliza el formato del Anexo 5-B hasta su actualización. [1, arts. 3, fr. IV Bis, y 17, fr. V Bis; 2, transitorio sexto].

En una desarrolladora, el expediente PLD debe poder vincularse con el contrato y los movimientos del proyecto. La guía de obligaciones fiscales de constructoras e inmobiliarias permite revisar cómo se relacionan estos controles con la facturación, los costos por obra y los impuestos.

Fracción VI Metales y piedras preciosas joyas y relojes

Se identifican las partes y los bienes comercializados o intermediados habitualmente o profesionalmente, con su valor y comprobantes. La reforma de 2025 eliminó la condición anterior que vinculaba el aviso a pagos en efectivo; alcanzado el supuesto y el umbral, una transferencia bancaria también puede generar aviso. La mera custodia de una joya no aparece como actividad autónoma en esta fracción; un servicio de custodia debe analizarse con sus características y, en su caso, con la fracción X. [1, art. 17, frs. VI y X].

Fracción VII Obras de arte

El comercializador o subastador habitual o profesional conserva identificación de las partes, descripción de la obra, documentación de compra o venta, valuación utilizada, precio y forma de pago. Cuando actúa por medio de un representante, debe identificarlo y verificar para quién se realiza la operación. El control de inventario y de pagos permite detectar varias adquisiciones del mismo cliente dentro del periodo acumulable. [1, arts. 17, fr. VII, y 18].

Fracción VIII Vehículos

La agencia, lote o distribuidor habitual o profesional debe enlazar cliente, vehículo, número de identificación o registro aplicable, contrato, factura y cobros. Se revisan por separado identificación, aviso y efectivo, pues sus umbrales son diferentes. Una venta ocasional de un vehículo propio no convierte automáticamente al vendedor en comerciante habitual; aun así, el artículo 32 puede restringir la forma de pago de esa venta. [1, arts. 17, fr. VIII, y 32, fr. II].

En la compraventa de unidades usadas también conviene distinguir el vehículo adquirido para uso propio del destinado a reventa. El artículo sobre venta de autos usados, impuestos y PLD amplía la documentación, los CFDI y los registros contables de cada supuesto.

Fracción IX Blindaje

El prestador habitual o profesional documenta al cliente, el vehículo terrestre o inmueble objeto del servicio, el alcance del blindaje, su precio y los pagos. El monto del servicio determina identificación y aviso. Debe revisarse también la restricción específica de efectivo y las autorizaciones que correspondan al servicio. Una omisión grave puede tener consecuencias sobre permisos, según los supuestos legales y el procedimiento competente. [1, arts. 17, fr. IX, 32, fr. V, y 56].

Fracción X Traslado o custodia de dinero o valores

La fracción se refiere a la prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia, vinculada por el artículo 25 del Reglamento con las autorizaciones federales o locales de seguridad privada. El valor que se compara con el umbral es el dinero o los valores trasladados o custodiados, no los honorarios por transportarlos. Se documentan cliente, origen, destino, servicio y valor. Si no puede determinarse el monto, existe aviso en todos los casos; la transición reglamentaria señala el dato temporal que debe capturarse mientras se actualiza el formato. Se respetan las exclusiones de Banco de México e instituciones de depósito de valores. [1, art. 17, fr. X; 2, arts. 25 y 26 y transitorio sexto, fr. II].

Fracción XI Servicios profesionales independientes

Comprende preparar para el cliente o ejecutar en su representación compraventas de inmuebles o cesiones de derechos sobre estos, manejo de recursos o activos, manejo de cuentas, organización de aportaciones y operaciones de constitución, administración, fusión, escisión o compraventa de personas morales y vehículos corporativos, incluidos fideicomisos. La preparación de cualquiera de los actos comprendidos requiere identificación, aunque todavía no exista una operación financiera que deba avisarse. El aviso se detona al ejecutar la operación financiera en nombre y representación del cliente, sin mínimo monetario. El artículo 27 del Reglamento comprende actos mediante entidades o instrumentos financieros, efectivo, divisas o metales preciosos, realizados directamente o mediante instrucción del cliente, relacionados con los actos de la fracción. [1, art. 17, fr. XI; 2, art. 27].

Para un despacho contable, elaborar declaraciones o registrar pólizas no basta por sí solo para encuadrar todos sus servicios. Deben revisarse los contratos y las facultades efectivas para administrar recursos, manejar cuentas u organizar actos corporativos. Si el despacho opera pagos desde la cuenta del cliente, el análisis cambia. La relación laboral está excluida de esta fracción; el secreto profesional no constituye una dispensa general de avisos legalmente exigibles. [1, arts. 17, fr. XI, y 22].

Fracción XII Fe pública

Se identifican los comparecientes y sus representados, el acto formalizado, los valores relevantes y el beneficiario controlador que corresponda. La protocolización y otros actos que conlleven formalización también requieren revisar el supuesto. Cada inciso tiene su regla de aviso. Notarios y demás depositarios de fe pública deben documentar la forma de pago conforme al artículo 33; las nuevas personas facilitadoras siguen la transición de formatos sin confundirse con una exención definitiva. [1, arts. 17, fr. XII, y 33; 8; 9].

Fracción XIII Donativos

La asociación o sociedad sin fines de lucro receptora identifica al donante al alcanzar el umbral, registra los donativos en dinero o en especie conforme a su valuación y acumula operaciones procedentes. La obligación no depende únicamente de contar con autorización fiscal para recibir donativos deducibles. Debe distinguirse un donativo de cuotas u otras contraprestaciones atendiendo a su naturaleza, sin utilizar etiquetas para reclasificar artificialmente los ingresos. [1, art. 17, fr. XIII; 3, art. 2, fr. I].

Fracción XIV Comercio exterior

Se revisan las seis clases de mercancías de la ley, sus fracciones arancelarias y el valor en aduana. El expediente debe vincular cliente, despacho y pedimento. La reforma amplió el catálogo de sujetos a agencias y despacho directo en los términos legales, con reglas transitorias de registro. Que una empresa importe mercancías no significa que todos sus bienes sean actividades vulnerables; deben coincidir con el supuesto y las mercancías previstas. [1, art. 17, fr. XIV; 2, arts. 16 y 30 y transitorio tercero; 8].

Fracción XV Uso o goce de inmuebles

Se documentan arrendador, cliente, inmueble, contrato, renta y recepción de pagos. Debe calcularse el equivalente mensual cuando la periodicidad pactada sea diferente. El valor mensual de identificación es estrictamente superior a 1,605 UMA, y el de aviso individual es igual o superior a 3,210 UMA. También se aplica el control de acumulación de operaciones identificables; rentar por debajo del umbral de aviso no elimina automáticamente el deber de avisar. [1, art. 17, fr. XV; 2, arts. 5, 7 y 31; 3, art. 19].

La revisión del arrendamiento puede llevar dos controles: uno para las obligaciones PLD y otro para los impuestos. Para estimar el pago provisional de una persona física, puede utilizarse la calculadora de ISR por arrendamiento, considerando los supuestos y datos que solicita la herramienta.

Fracción XVI Activos virtuales

Se analiza al proveedor que ofrece habitual y profesionalmente los servicios descritos mediante plataformas que administra u opera fuera del régimen de entidades financieras, incluidas las operaciones con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción. Debe identificar al cliente, controlar el valor de la operación y la contraprestación, y conservar la trazabilidad del originante, receptor y beneficiario controlador en los términos aplicables. Comprar activos virtuales por cuenta propia no equivale automáticamente a prestar esos servicios. El alta de estos proveedores tiene revisión documental previa específica. [1, art. 17, fr. XVI; 2, art. 31 Bis; 3, arts. 10 Bis a 10 Quinquies].

6 Obligaciones comunes de los sujetos del artículo 17

El artículo 18 establece obligaciones que deben adaptarse al acto y al tipo de cliente. Una empresa puede no tener avisos ordinarios en determinado mes y conservar, sin embargo, obligaciones de identificación, expedientes, informes y registro. El conjunto mínimo de cumplimiento comprende lo siguiente. [1, art. 18; 3, arts. 11, 19, 25 y 37].

• Identificar directamente al cliente o usuario, verificar su identidad y conservar el soporte documental exigido.
• Conocer su actividad u ocupación cuando se establece una relación de negocios, con respaldo documental.
• Identificar al beneficiario controlador conforme a la ley y al tipo de cliente.
• Darse de alta en el padrón PLD y mantener actualizados los datos y actividades.
• Integrar, custodiar y conservar expedientes y registros que permitan reconstruir cada operación.
• Presentar los avisos e informes procedentes, incluidos los derivados de acumulación y los supuestos especiales vigentes.
• Permitir las visitas de verificación y atender requerimientos de información.
• Contar con criterios y políticas de identificación y cumplimiento, y conservar evidencia de su aplicación.
• Mantener la designación y aceptación del representante cuando corresponde y cumplir las obligaciones de capacitación aplicables.
• Respetar las restricciones de efectivo y preparar las obligaciones ampliadas de riesgos, capacitación, monitoreo y auditoría conforme al calendario.

Las nuevas fracciones VII a XI del artículo 18 desarrollan evaluación de riesgos, manual, selección y capacitación, mecanismos automatizados y auditoría. Para riesgo bajo o medio, la ley admite revisión por auditoría interna o por auditor externo independiente; para riesgo alto exige auditor externo independiente. Las fechas de exigibilidad se toman de los transitorios, incluido el primer periodo de revisión de 2028. No es correcto afirmar que todo sujeto necesita contratar hoy a un auditor externo. [1, art. 18, frs. VII a XI; 4, transitorios].

El régimen publicado permite mecanismos automatizados equivalentes, incluidas hojas de cálculo y bases de datos, si cumplen las funciones verificables de monitoreo, acumulación y control exigidas. La norma no impone por nombre un software comercial. Esto exige diseñar controles que funcionen, mantener información íntegra y demostrar su uso; tener una hoja vacía no satisface esa finalidad. [4, arts. 3, fr. XI Ter, y 41].

7 Inscripción en el padrón y designación de representante

¿Cómo realizar el alta?

1. Determine las fracciones y subactividades que efectivamente realizará y la fecha de inicio. El Reglamento permite alta anticipada a quienes sean susceptibles de realizar la actividad.
2. Verifique RFC y e.firma vigentes del sujeto obligado. Una sociedad utiliza su propia e.firma para el alta y los avisos, no la del representante legal.
3. Ingrese al Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT y seleccione el trámite de alta y registro.
4. Capture los datos del obligado, actividad, domicilio, medios de contacto y demás información del formato aplicable. Una empresa con varias actividades debe registrar todas las que correspondan.
5. Cuando proceda, designe a la persona física encargada del cumplimiento y gestione su aceptación con la e.firma de esa persona.
6. Firme el trámite, descargue el acuse y archive la información registrada. Verifique que puede acceder al módulo de avisos y comunicaciones.
7. Integre el documento de políticas exigido por las reglas. El artículo 37 del régimen anterior ya establece un plazo de 90 días naturales desde el alta para ese documento.
8. Actualice los cambios dentro del plazo aplicable, ordinariamente seis días hábiles conforme a las RCG. Si deja de realizar la actividad, tramite la baja y conserve su acuse.

El alta ante el RFC y el alta en el padrón de actividades vulnerables son trámites distintos. Mientras continúe inscrito sin la baja correspondiente, subsiste la presentación de avisos o informes procedentes. El acceso al portal no sustituye una autorización sectorial; los proveedores de activos virtuales tienen requisitos documentales previos especiales. [1, art. 18, fr. IV Bis; 2, arts. 12 y 13; 3, arts. 4 a 10 Quinquies y 37].

Transición de formatos de registro

La resolución del 24 de septiembre de 2026 dispone la entrada del nuevo formato general de alta y registro el 1 de febrero de 2027; para facilitadores del artículo 17, fracción XII, apartado D, la fecha es el 1 de junio de 2027. El Reglamento contempla un tratamiento transitorio para sujetos que el formato anterior no identifica expresamente, como determinadas agencias, fideicomisos y otras figuras. Quienes ya estén inscritos bajo una categoría anterior deben revisar la baja y alta inmediata que exige la resolución para adoptar el carácter correcto. Esta transición del trámite no equivale a eliminar todas sus obligaciones sustantivas. [2, transitorio tercero; 8, transitorios].

¿Qué hace y quién puede ser representante?

Las personas morales y quienes actúan mediante fideicomisos u otras figuras deben designar y mantener a una persona Representante Encargada del Cumplimiento. Debe ser una persona física; no se nombra como representante a un despacho mediante su denominación social. Su aceptación se realiza en el portal. La ley exige capacitación anual en los términos de las reglas aplicables. [1, art. 20; 3, art. 10; 4, art. 10].

Como organización interna, conviene darle acceso a contratos, cobros, expedientes y alertas; asignarle la revisión del calendario, los avisos y requerimientos; y establecer un sustituto operativo para ausencias sin perder la designación formal. La administración debe asegurar recursos y supervisión. Delegar funciones no elimina las responsabilidades del sujeto obligado.

Si la designación falta o no ha sido aceptada, las obligaciones recaen en los integrantes del órgano de administración o administrador único; en el fideicomitente o su representante, o en el administrador de la figura respectiva. La persona física que realiza la actividad cumple personal y directamente, sin perjuicio del mecanismo legal de entidad colegiada. Por ello, no debe trasladarse automáticamente a una persona física el esquema de nombramiento obligatorio de una sociedad. [1, art. 20].

8 Identificación de clientes y usuarios

El expediente único de identificación se integra antes o durante la operación o, tratándose de una relación de negocios, antes o al momento de establecerla. En operaciones realizadas por medios electrónicos, ópticos u otra tecnología, el expediente debe integrarse previamente, conforme al artículo 18 de las RCG. Debe existir evidencia de verificación; acumular fotografías sin revisar identidad, representación y correspondencia con el cliente deja incompleto el proceso. Se utiliza el anexo que corresponda a la naturaleza y situación del cliente. [3, arts. 11, 12 y 18].

La lista anterior orienta la revisión y debe completarse con todos los campos y documentos del anexo aplicable. Se cotejan las copias con documentos originales o medios reconocidos, se verifica su vigencia y legibilidad y se documenta la representación. El comprobante de domicilio, los documentos extranjeros y las identificaciones se revisan con las condiciones particulares del anexo; no conviene imponer a todos los clientes el mismo formulario sin adaptación. [3, art. 12 y anexos].

El expediente debe incluir también el contrato, la descripción del bien o servicio, el precio o valor, las fechas, los pagos y sus medios, y la correspondencia que sustente la operación. En relaciones de negocios se obtiene información sobre actividad u ocupación y, cuando menos una vez al año, se verifica que el expediente contenga los datos y documentos exigidos y se encuentre actualizado. Las medidas simplificadas requieren una base normativa y criterios documentados de riesgo. [1, art. 18; 2, art. 15; 3, arts. 17 y 21].

Si el cliente se niega a entregar la información o documentación exigida, el artículo 21 ordena abstenerse de realizar la operación. La política comercial debe permitir detenerla antes de recibir recursos o formalizarla. La información se resguarda con acceso limitado, respaldos y controles de consulta; los avisos y requerimientos están sujetos a reglas de confidencialidad. [1, arts. 21, 22 y 38; 3, art. 31].

9 Dueño beneficiario y beneficiario controlador

A quién se debe identificar

La definición vigente busca a la persona física o grupo de personas físicas que obtiene el beneficio final del bien o servicio o que ejerce control efectivo. El control puede surgir de la facultad de imponer decisiones, nombrar o remover a la mayoría de administradores, ejercer más de 25% de los votos, o dirigir la administración, estrategia o políticas. No se limita al socio que aparece primero en un acta. El representante legal y el beneficiario controlador pueden ser personas distintas. [1, art. 3, fr. III].

Para una persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica cliente, la ley exige recabar documentación que permita identificar a su beneficiario controlador. Para una persona física cliente, se recaba la declaración acerca de si conoce la existencia de otro beneficiario controlador y, en su caso, su documentación. Una declaración genérica de desconocimiento de la sociedad no reemplaza el deber de identificar su control final. [1, art. 18, fr. III].

1. Solicite la estructura de socios o accionistas y sus porcentajes, así como los documentos vigentes que la respalden.
2. Si un socio es otra entidad, siga la cadena de titularidad y control hasta llegar a personas físicas; documente cada eslabón.
3. Revise derechos de voto, acuerdos, poderes, facultades de nombramiento y dirección efectiva. El porcentaje de capital es un elemento, no el único.
4. Recabe los datos y documentos exigibles de las personas físicas identificadas, su relación con el cliente y el fundamento por el que califican.
5. Conserve la declaración, el análisis y los documentos de respaldo; actualice cuando cambien la propiedad, el control o los datos relevantes.

Ejemplo ilustrativo: Ana posee 70% de la sociedad Holding A y esta posee 60% de Comercial B. Su participación económica indirecta en B es 42%: 70% × 60%. Este cálculo ayuda a rastrear propiedad, pero deben revisarse además los derechos de voto y las facultades reales. Si otro participante dirige las decisiones por un acuerdo de control, no se le descarta solamente por tener un porcentaje menor. [1, art. 3, fr. III].

¿Qué cambia en marzo de 2027?

El nuevo artículo 23 Quinquies de las RCG establece una metodología que comienza por personas físicas con 25% o más de participación en el capital, continúa con control por otros medios y contempla al funcionario de mayor nivel o alta dirección conforme al orden de prelación. Ese capítulo se aplica a operaciones desde el 1 de marzo de 2027. Debe distinguirse de la redacción legal de más de 25% de votos: cambian tanto el parámetro como la fecha de aplicación de la metodología. [4, art. 23 Quinquies y transitorio cuarto].

Dónde se informa el beneficiario controlador

El PSM de la Secretaría de Economía tiene un trámite de aviso de inscripción con estructura accionaria vigente. Ese trámite no debe presentarse como equivalente automático de todos los elementos del registro de beneficiario controlador del artículo 33 Ter. Para acreditar esa equivalencia deben consultarse los lineamientos específicos y la guía del módulo correspondiente; la obligación legal debe ejecutarse conforme a los lineamientos y al módulo que se habiliten, conservando mientras tanto el expediente y la evidencia de seguimiento. [1, arts. 33 Bis y 33 Ter; 13].

En el régimen fiscal, la actualización por cambios se realiza dentro de los 15 días naturales siguientes y la entrega a requerimiento tiene sus propios plazos. No debe sustituirse el umbral del CFF por el de la ley antilavado ni suponer que cumplir un expediente libera automáticamente de los demás. [11, arts. 32-B Ter a 32-B Quinquies].

Para organizar actas, libros corporativos y la cadena de titularidad de la empresa, la guía de beneficiario controlador y expediente fiscal ofrece un desarrollo complementario. Esa documentación puede servir de soporte, con los ajustes que requiere cada obligación.

10 Presentación de avisos e informes

Plazo ordinario y datos que se reportan

La regla general es presentar los avisos a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda la operación, con las excepciones legales y facilidades oficialmente aplicables. Debe identificarse la fecha de realización conforme al Reglamento: puede ser la formalización ante fedatario, la puesta a disposición del préstamo o la recepción de la renta, según el acto. La fecha del CFDI no sustituye automáticamente esas reglas. [1, arts. 23 y 24; 2, arts. 5 y 24].

El aviso contiene datos del sujeto obligado, del cliente y, cuando corresponda, del beneficiario controlador, así como la descripción de la operación. Se presenta en el formato oficial, firmado con la e.firma correcta, y se guarda el acuse. Para la comparación del umbral se excluyen contribuciones y accesorios; al reportar el pago se informa el monto total recibido, incluidas contribuciones, sin necesidad de desglosarlas conforme al artículo 6 del Reglamento. [1, art. 24; 2, art. 6; 3, art. 24].

1. Cierre el registro de operaciones del mes con contratos, cobros y documentos de cada actividad.
2. Compare los importes individuales y la acumulación por cliente y tipo de operación.
3. Determine cuáles requieren aviso, cuáles están exceptuadas con fundamento y si procede informe mensual.
4. Verifique datos del cliente, representación, beneficiario controlador, montos y fechas.
5. Genere y valide el archivo o captura según el formato de la actividad; envíe y conserve el acuse.
6. Concilie lo enviado con el control interno y documente cualquier corrección conforme al procedimiento vigente.

Informe sin operaciones objeto de aviso

El llamado informe en ceros comunica que en el periodo no hubo operaciones objeto de aviso. Puede proceder aun cuando existan ventas, rentas o servicios sujetos a identificación. El artículo 25 de las RCG anteriores al Acuerdo 115/2026 también contempla operaciones exceptuadas por el artículo 27 Bis. Estar un mes sin ventas no equivale a una baja del padrón. [2, art. 12; 3, art. 25].

Acumulación durante seis meses

El Reglamento exige seguimiento por cada cliente y tipo de acto u operación, considerando únicamente las operaciones que individualmente se ubiquen en el supuesto de identificación. Cuando no existe mínimo de identificación, el seguimiento comprende las operaciones de ese supuesto. Si la suma alcanza o supera el umbral de aviso dentro del periodo de hasta seis meses, se presenta el aviso correspondiente sin esperar a que terminen los seis meses. [1, art. 17, penúltimo párrafo; 2, art. 7; 3, art. 19].

El registro debe distinguir contratos, mensualidades, pagos parciales y actos diferentes. Debe enlazar cada operación con los avisos presentados para evitar duplicidades de captura. No se presume un reinicio automático universal del contador después de cada aviso; el control y los formatos deben aplicarse conforme a la actividad. En juegos existen además reglas de transacciones vinculadas en 24 horas y en tarjetas hay gasto mensual acumulado. [1, art. 17; 2, arts. 7 y 21 Bis].

Avisos de 24 horas

Existen avisos urgentes que no deben esperar al día 17. El artículo 27 de las reglas anteriores ya exige aviso dentro de 24 horas cuando se cumplen sus supuestos, como operaciones objeto de aviso con información adicional basada en hechos o indicios de ilicitud o coincidencias con las listas previstas. Las excepciones y medios alternativos deben revisarse para la actividad. [3, art. 27].

La ley reformada amplía el tratamiento de sospecha o indicios, incluyendo operaciones que no se concretan. El Reglamento y las RCG ligan la operatividad de los nuevos supuestos y formatos a sus transitorios. Las resoluciones de septiembre de 2026 conducen al 1 de junio de 2027 para los nuevos tipos de avisos. Ello no elimina el aviso urgente ya exigible bajo el régimen anterior. La empresa necesita documentar la detección, la hora de conocimiento, el análisis y la decisión; no debe alertar al cliente sobre avisos o requerimientos confidenciales. [1, art. 18, fr. VI; 2, art. 7 Bis y transitorio quinto; 3, arts. 27 y 31; 4, transitorio quinto; 9].

Excepciones de aviso que deben demostrarse

El artículo 27 Bis contempla casos delimitados: determinados préstamos intragrupo o a trabajadores con ministración bancaria total; ciertos fideicomisos públicos; primera venta inmobiliaria con recursos de banca de desarrollo u organismos públicos de vivienda y pago íntegro bancarizado; operaciones de armadoras o importadoras con distribuidores autorizados; y uso o goce de inmuebles entre integrantes de un grupo empresarial bajo sus condiciones. Son excepciones de aviso, no una eliminación general del expediente ni de todas las obligaciones. [3, arts. 25 y 27 Bis].

“Grupo empresarial” tiene una definición específica de control por una misma sociedad; no basta que dos empresas pertenezcan a familiares o compartan un socio persona física. El pago bancario por sí solo no crea una excepción. Tampoco existe en ese artículo una exención general de la fracción V Bis por recibir aportaciones de socios. [3, arts. 3, fr. X, y 27 Bis].

Formatos a partir de junio de 2027

Los nuevos formatos se aplican a los envíos desde el 1 de junio de 2027, aunque se refieran a operaciones anteriores. Los formatos anteriores quedan disponibles de manera transitoria para avisos modificatorios hasta el 30 de junio de 2027, bajo sus requisitos; dejan de operar el 1 de julio. Antes de ese cambio conviene conciliar pendientes y adaptar los sistemas, sin posponer avisos ya exigibles. [9, transitorios, página 259 de la edición del DOF].

11 Restricciones al uso de efectivo y metales preciosos

El artículo 32 restringe pagar y aceptar pagos en monedas y billetes, nacionales o extranjeros, y metales preciosos en determinados actos. La prohibición incluye efectivo depositado por conducto de una entidad financiera: un depósito en ventanilla no transforma el efectivo en una transferencia electrónica. Puede aplicarse a una persona que vende ocasionalmente un bien, aunque esa persona no sea un comerciante habitual inscrito en el padrón. [1, art. 32; 2, art. 42; 7].

Para determinar estos montos sí se incluyen las contribuciones y accesorios, a diferencia del cálculo de identificación y aviso. El límite se alcanza al igualar el importe, por lo que no debe describirse como una cantidad íntegramente permitida en efectivo. En consignaciones, la ley remite al umbral de cada acto; no corresponde aplicar 3,210 UMA de manera uniforme a todas. [1, art. 32; 2, art. 6, tercer párrafo].

La orientación oficial del SAT admite pagos mixtos: una parte en efectivo por debajo del límite y el remanente mediante otro medio permitido y documentado. Deben considerarse conjuntamente las exhibiciones de una misma operación y los supuestos relacionados del artículo 42 del Reglamento. Fraccionar el pago o depositar efectivo en distintas fechas no multiplica el límite. [2, art. 42; 7, pregunta 8].

Ejemplo: un vehículo con precio total de $500,000 puede pagarse con $200,000 en efectivo y $300,000 por transferencia conforme al criterio de pagos mixtos. Entregar $400,000 en efectivo y $100,000 por transferencia rebasaría el límite de $376,565.10. La restricción no depende de que la operación alcance el umbral de aviso de vehículos, que es mayor. Debe conservarse evidencia de ambos medios de pago.

El artículo 33 exige identificar y documentar la forma de pago en los instrumentos y documentos correspondientes. Las restricciones del artículo 32 no constituyen una prohibición uniforme de efectivo para todas las actividades del artículo 17: debe localizarse el acto concreto en la tabla legal. Una operación sin prohibición específica puede seguir sujeta a expediente, aviso y revisión de riesgo. [1, arts. 32 y 33].

12 Conservación de expedientes y evidencia

La referencia general vigente es diez años para las operaciones realizadas desde el 17 de julio de 2025. La ley exige conservar información del cliente y de la operación, registros que permitan reconstruirla, correspondencia comercial y análisis. El expediente puede ser físico o electrónico, con los requisitos de resguardo correspondientes. [1, art. 18, fr. IV; 2, art. 20 y transitorio séptimo].

Para archivos anteriores a la reforma debe revisarse la norma temporal aplicable y las demás obligaciones de conservación antes de autorizar una depuración. El artículo 36 mantiene un alcance de cinco años para las operaciones que pueden abarcar las visitas allí reguladas; ese plazo no sustituye la obligación documental de diez años. La duración de la conservación y el alcance de una facultad de verificación son cuestiones distintas. [1, arts. 18 y 36].

Como control práctico, asigne un identificador único al cliente y a cada operación; conserve una copia íntegra de lo enviado; guarde documentos legibles y sus versiones; limite accesos; pruebe la recuperación de respaldos y registre la fecha más tardía a partir de la cual podría revisarse una eliminación. El expediente debe poder recuperarse durante una revisión aun cuando cambie el empleado encargado o termine la relación comercial.

13 Autoridades que revisan el cumplimiento

La supervisión de las entidades financieras corresponde a sus comisiones sectoriales conforme al artículo 16; el esquema de actividades del artículo 17 se revisa conforme a la LFPIORPI y su Reglamento. Una revisión PLD puede requerir expedientes, contratos, registros, avisos, acuses y evidencia del cumplimiento. La contabilidad y los CFDI deben coincidir con los hechos informados. [1, arts. 16, 22 Bis y 34 a 40; 2, arts. 3 y 4].

El artículo 61 prevé recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o juicio contencioso administrativo ante el TFJA. Que la multa tenga carácter de crédito fiscal no convierte automáticamente al recurso de revocación del CFF en la vía ordinaria de defensa de esta sanción. [1, arts. 52 y 61].

14 Sanciones por incumplimiento

Multas administrativas

Los siguientes equivalentes se calculan con la UMA diaria de $117.31. La sanción de un caso concreto depende de la disposición temporal aplicable a la conducta, los hechos acreditados, la individualización y el procedimiento; los importes no son una cotización de multa por cada error. [1, arts. 52 a 60; 5].

Nota técnica sobre avisos con más de 30 días de retraso. El artículo 53, fracción III, vigente remite expresamente a la fracción II del artículo 54, aunque utiliza una referencia textual al caso de omisión. La omisión absoluta se regula en la fracción III del artículo 54. Esta diferencia exige revisar la fundamentación del caso concreto; no debe sustituirse automáticamente la remisión vigente por la de tablas anteriores. El rango de la fracción II es 2,000 a 10,000 UMA. [1, arts. 53, fr. III, y 54].

La autoridad debe valorar reincidencia, causas, medidas correctivas, cuantía de la operación, proporcionalidad e intención. Los artículos 56 a 59 prevén también consecuencias sobre permisos, habilitaciones y autorizaciones en sus supuestos; no son una cancelación automática por cualquier captura errónea. El artículo 54 Bis contempla suspensión temporal de operaciones con determinados clientes conforme a los mecanismos aplicables. [1, arts. 54 Bis a 60].

Regularización espontánea

El artículo 55 prevé, por única ocasión, la abstención de sancionar el conjunto de infracciones cuando el obligado cumple espontáneamente antes del inicio de las facultades de verificación y reconoce expresamente las faltas dentro del plazo inicial del procedimiento correspondiente. Si ya utilizó ese beneficio, existe una reducción de hasta 50% bajo las condiciones legales. Presentar tarde un aviso, por sí solo, no garantiza el beneficio. [1, art. 55].

El artículo 55 Bis del Reglamento desarrolla el escrito libre al SAT: identificación y personalidad, descripción precisa de todas las faltas y periodos, manifestación de regularización y documentos que acrediten el cumplimiento. Deben conservarse cronología y pruebas de que la corrección antecede a la verificación. Si ya existe un requerimiento o una visita, primero se determina su efecto sobre el requisito de espontaneidad. [2, art. 55 Bis].

Responsabilidad penal

Los días multa penales no se convierten multiplicándolos por la UMA. El artículo 62 admite comisión culposa y contiene un supuesto específico de no sanción por error de tipo vencible corregido espontáneamente antes de que la autoridad conozca del delito. Deben acreditarse todos los elementos del tipo y la responsabilidad; un error administrativo no produce automáticamente una condena. De igual forma, omitir un aviso no demuestra, por sí mismo, lavado de dinero. [1, arts. 62 y 63; 10, arts. 29 y 400 Bis].

15 Casos prácticos

Los casos son ilustrativos, con operaciones posteriores al 1 de febrero de 2026. Cuando se indica una base sin impuestos, esa es la cantidad que se compara con los umbrales del artículo 17. Se supone que no existe una excepción específica ni otra operación que cambie el resultado, salvo cuando se explica la acumulación.

Caso 1 Arrendamiento de un local por 80000 pesos mensuales

Una persona renta un local a un tercero independiente por $80,000 mensuales antes de IVA. Cada mensualidad está por debajo de $188,282.55. Por ese contrato no se configura el supuesto de identificación de la fracción XV. Aunque seis mensualidades sumen $480,000, el artículo 7 del Reglamento dispone acumular las operaciones que individualmente se ubiquen en el supuesto de identificación. No se concluye que cualquier renta pequeña genera aviso por sumar cobros durante seis meses. Deben revisarse otros contratos o actividades que sí actualicen un supuesto legal. [1, art. 17, fr. XV; 2, art. 7].

Caso 2 Renta de 200000 pesos con aviso por acumulación

Cada renta supera el umbral de identificación, pero ninguna alcanza por sí sola $376,565.10. Al recibir la segunda mensualidad del mismo cliente, la suma de $400,000 supera el umbral de aviso dentro del periodo de seis meses. Procede el aviso por acumulación; no se espera a diciembre. La fecha límite ordinaria corresponde al día 17 del mes siguiente a agosto. Se archivan contrato, expediente, pagos y cálculo, y se continúa el seguimiento con trazabilidad de los avisos. [2, arts. 5, 7 y 31; 3, art. 19].

Caso 3 Vehículo de 500000 pesos pagado por dos medios

La agencia identifica al cliente porque $431,034.48 supera $376,565.10. La operación individual no llega al aviso de $753,130.20, sin perjuicio de acumulación y supuestos especiales. El pago mixto respeta el criterio oficial porque el efectivo queda por debajo de $376,565.10. Se comparan impuestos de forma diferente según la obligación: base sin IVA para identificación y aviso, precio con IVA para efectivo. [1, arts. 17, fr. VIII, y 32; 2, art. 6; 7].

Caso 4 Recursos de un socio para construir departamentos

Una desarrolladora recibe $1,200,000 de un socio para un proyecto de departamentos destinados a venta. La recepción y destino deben revisarse bajo V Bis, cuyo umbral de aviso es $941,412.75. Bajo estos hechos se integra el expediente y procede el aviso, aunque el ingreso se registre como capital o pasivo y provenga de una cuenta bancaria. Al vender los departamentos se revisa por separado V y la intervención del notario. El origen como socio no crea por sí mismo una exención en V Bis. [1, art. 17, frs. V y V Bis; 3, art. 27 Bis].

Caso 5 Contabilidad y manejo de recursos del cliente

El despacho A registra pólizas, prepara declaraciones y entrega reportes. Esas labores, sin hechos adicionales, no permiten concluir automáticamente que todas sus operaciones sean de la fracción XI. El despacho B, además, tiene encargo independiente para manejar la cuenta bancaria de un cliente y ejecuta pagos a sus proveedores. Debe evaluar y cumplir la fracción XI por el manejo de cuentas y recursos; la ejecución financiera en nombre y representación del cliente puede detonar aviso sin mínimo monetario. La diferencia surge de las funciones reales y la intervención en la operación, no del importe de los honorarios. [1, art. 17, fr. XI; 2, art. 27].

Caso 6 Donativo a una asociación civil

Una asociación sin fines de lucro recibe de una persona $400,000. Supera el umbral de identificación de $188,282.55 y el de aviso de $376,565.10. Debe identificar al donante, obtener el soporte que corresponda, documentar la recepción y presentar aviso. La autorización fiscal para expedir un recibo de donativo deducible es una cuestión adicional; no reemplaza el análisis de PLD. Si el donante es persona moral, se revisa además su beneficiario controlador. [1, arts. 17, fr. XIII, y 18].

Caso 7 Activos virtuales por operación o por comisión

Una plataforma comprendida en la fracción XVI realiza para su cliente una operación de $30,000. Supera 210 UMA, equivalentes a $24,635.10, y genera aviso. En otra operación de $20,000, el servicio cobra una contraprestación base de $600: aunque la operación no llega a 210 UMA, la contraprestación supera 4 UMA, equivalentes a $469.24, y activa el otro supuesto. Si una misma operación alcanza ambos, el Reglamento manda presentar únicamente el aviso del inciso a). [1, art. 17, fr. XVI; 2, art. 31 Bis].

Caso 8 Aumento de capital ante notario

Una sociedad formaliza ante notario un aumento de capital de $100,000. El monto es inferior a 8,025 UMA, pero ese no es el umbral aplicable al acto societario: el artículo 17, fracción XII, apartado A, inciso c), establece aviso en todos los casos. La sociedad debe revisar asimismo sus libros, beneficiario controlador y obligaciones ante Economía. El aviso del fedatario no sustituye los deberes societarios propios. [1, arts. 17, fr. XII, y 33 Bis y 33 Ter].

16 Control mensual y conexión con la contabilidad

Como método de trabajo, conviene conciliar cada operación con cinco elementos: contrato o instrumento, expediente del cliente, comprobante fiscal cuando corresponda, cobros o movimientos bancarios y aviso o informe presentado. El aviso PLD es un reporte de la operación; el registro contable reconoce la venta, renta, préstamo, aportación o servicio según su naturaleza. No existe un asiento contable genérico que por sí mismo sustituya las obligaciones antilavado.

Si se utiliza CONTPAQi, un ERP o una hoja de cálculo, el control puede vincular UUID, póliza, cliente y cobro con un identificador del expediente PLD. Esa es una recomendación de organización; no se presume que un módulo contable existente cumpla automáticamente todas las funciones del mecanismo automatizado exigible conforme a las RCG. La evaluación debe hacerse sobre las funciones y evidencia reales. [4, art. 41].

En la parte operativa, las soluciones CONTPAQi de Voracom Sys pueden apoyar la organización contable, comercial y bancaria, junto con la implementación y capacitación correspondientes. El diseño del control debe permitir enlazar cada registro con su contrato, expediente del cliente y evidencia de pago.

17 Lista de revisión para implementar el cumplimiento

18 Preguntas frecuentes

¿Si todo se cobra por transferencia hay que cumplir?

Sí, cuando se configure la actividad y sus obligaciones. La transferencia facilita documentar el pago, pero no concede una exención general de identificación o aviso. Las excepciones requieren un fundamento específico y todos sus requisitos. [1, arts. 17 y 18; 3, art. 27 Bis].

¿Una actividad vulnerable siempre debe presentar aviso?

No necesariamente. Puede existir obligación de expediente sin que una operación individual alcance el umbral de aviso. Deben revisarse acumulación, supuestos sin mínimo, avisos urgentes e informe mensual. [1, art. 17; 2, art. 7; 3, arts. 19, 25 y 27].

¿Un aviso significa que el cliente cometió lavado?

No. El aviso cumple una obligación de información y no demuestra por sí mismo un delito. El expediente debe registrar hechos verificables y las autoridades realizan el análisis que corresponde. [3, art. 32; 10, art. 400 Bis].

¿El notario o el contador cumple por toda la empresa?

Cada participante tiene obligaciones según su propia actividad. Un aviso del fedatario o la contratación de un asesor no sustituye automáticamente el padrón, expedientes, avisos y controles de la empresa. La representación y los medios alternativos solo operan en los términos expresamente previstos. [1, arts. 17 a 20 y 24 a 30].

¿Se pueden destruir los expedientes al cumplir cinco años?

La regla general de las operaciones posteriores a la reforma es diez años, con cómputos y situaciones especiales. La depuración requiere revisar la fecha de la operación, la del aviso, posibles juicios y otras obligaciones legales. [1, art. 18, fr. IV; 2, art. 20].

¿Hay que contratar un sistema comercial específico?

La regulación publicada define funciones verificables y admite medios equivalentes. Lo exigible es contar con mecanismos que realicen los controles de la norma dentro de su calendario, con evidencia de operación. La elección de herramienta debe responder al volumen, complejidad y riesgo de la actividad. [4, arts. 3, fr. XI Ter, y 41].

19 Fuentes oficiales

Las referencias numéricas enlazan directamente a las fuentes oficiales. Para aplicar una disposición deben leerse su texto, sus reformas y sus artículos transitorios; las tablas y preguntas frecuentes de la autoridad sirven como apoyo. Los casos prácticos son ejemplos didácticos basados en los supuestos expresamente descritos.

Los importes en pesos corresponden a la UMA de 2026. Para operaciones de otro ejercicio, deben recalcularse los umbrales y revisarse las reformas, los formatos y los lineamientos aplicables. Las fechas de transición señaladas corresponden a disposiciones publicadas y deben leerse junto con sus artículos transitorios.

[1] LFPIORPI vigente con reforma del 16 de julio de 2025

[2] Reglamento de la LFPIORPI con reforma del 27 de marzo de 2026

[3] Reglas de carácter general anteriores al Acuerdo 115 de 2026

[4] Acuerdo 115 de 2026 y sus artículos transitorios

[5] INEGI Unidad de Medida y Actualización 2026

[6] SAT Umbrales de identificación y aviso

[7] SAT Preguntas frecuentes de actividades vulnerables

[8] DOF Reforma del formato de alta y registro del 24 de septiembre de 2026

[9] DOF Reforma de formatos de avisos e informes del 24 de septiembre de 2026

[10] Código Penal Federal vigente

[11] Código Fiscal de la Federación vigente

[12] SAT Marco jurídico y resoluciones de actividades vulnerables

[13] Secretaría de Economía Aviso de inscripción de estructura accionaria en PSM

Contenido informativo. No sustituye una asesoría formal: su alcance depende de cada caso. Las disposiciones fiscales cambian, así que revisa la fecha de investigación antes de usar estas cifras.